En un fallo judicial sin precedentes en República Dominicana, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata condenó a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor implicada en el caso contra el exjugador de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar, a 10 años de prisión efectiva.
La sentencia marca un hito en la lucha contra la explotación infantil y el lavado de activos en el país.
Chevalier fue hallada culpable de explotación comercial de su hija y de manejar recursos financieros de origen ilícito, bajo un esquema de presión y manipulación que, según las autoridades, afectó directamente a Franco.
decomiso de bienes
Como parte del fallo, se ordenó el decomiso de bienes adquiridos ilegalmente, incluyendo un terreno de 600 metros en Villa Montellano, un vehículo moderno, RD$2.1 millones depositados en una cuenta bancaria, US$68,500 en efectivo, RD$800,000 en moneda dominicana, celulares y otros valores de procedencia dudosa.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó una investigación exhaustiva con más de 165 pruebas entre documentos, testimonios, registros financieros, análisis técnicos y mensajes.
Se demostró que Wander Franco retuvo a la menor por varios días y envió dinero a la madre para asegurar su silencio, lo que evidenció una clara complicidad por parte de Chevalier, quien se benefició económicamente del hecho.
En el caso de Franco, fue condenado a dos años de prisión con ejecución suspendida, siempre que cumpla con estrictas condiciones, incluyendo la prohibición de acercarse a menores con fines inapropiados. Solo será encarcelado si viola estas disposiciones.
La sentencia fue impulsada por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata.
Ambos destacaron la importancia de este caso como un precedente legal en materia de protección infantil y lucha contra el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
Chevalier cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Mientras tanto, el fallo envía un mensaje claro sobre la seriedad con que se abordarán casos similares en el país.
